La Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, obliga a las empresas envasadoras a recuperar sus envases una vez convertidos en residuos para darles un correcto tratamiento medioambiental.

Para ello, las empresas envasadoras pueden establecer un sistema de depósito, devolución y retorno (cobrando al cliente por el envase un importe en concepto de depósito), o pueden adherirse a un Sistema Integrado de Gestión, el cual se encargará de la recuperación conjuntamente con las administraciones local y autonómica.

El SIG (Sistema Integrado de Gestión) es la alternativa más utilizada por los envasadores.

Se financian mediante la aportación por parte de los envasadores de una cantidad por cada producto envasado puesto por primera vez en el mercado nacional. Este dinero se emplea en la recogida selectiva, el transporte y la separación de los diferentes materiales de los residuos de envases.

Estos sistemas obligan a identificar los envases mediante un símbolo, y a aportar una cantidad por cada producto envasado puesto en el mercado, que se establece en función del material del que está fabricado el envase y de la cantidad puesta en el mercado. Esta tasa financia los gastos ocasionados por la recogida, transporte hasta la planta de separación y la clasificación y envío posterior a gestor autorizado para su tratamiento.

Esa misma normativa exime del cumplimiento de establecer un SDDR o participar en un SIG a los envases comerciales o industriales, recayendo la responsabilidad de su gestión en el poseedor final que deberá entregarlos en condiciones adecuadas de separación por materiales a un gestor para su reciclado o valorización.

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